| En febrero.de
1998 y a raíz de la matanza de Acteal ocurrida en diciembre de 1997, la
sociedad civil del mundo reaccionó con diferentes movilizaciones para mostrar
su repudio a la masacre realizada en contra de los indígenas rebeldes de
Chiapas y para buscar caminos hacia una solución pacífica del conflicto.
Más de 500 personas y organizaciones de los cinco continentes avalaron la
creación de una Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos
Humanos que viajó a Chiapas en esas fechas. En noviembre de 1999, una segunda
comisión realizó una nueva visita de observación para evaluar la situación
en ese momento, y compararla con las observaciones y recomendaciones de
la anterior. Como resultados de estas dos comisiones, se realizaron sendos
informes que fueron entregados a todos los interlocutores de la Comisión
en México, a todas las organizaciones y personas que los avalaron y a las
instituciones internacionales (al Parlamento Europeo, a los Parlamentos
Nacionales, al Parlamento Centroamericano, a la oficinal de la Alta Comisionada
para los ddhh de la ONU, etc). El 2 de diciembre del 2000, tomó posesión
un nuevo gobierno, presidido por el Sr. Fox, siendo la primera vez en 70
años que el nuevo presidente no era del PRI. Tanto en su campaña como en
la toma de posesión, el nuevo presidente prometió solucionar el conflicto
por la vía pacífica y el diálogo. El EZLN respondió con la demanda de 3
señales: El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la liberación de
los presos bases de apoyo del EZLN y el desmantelamiento de 7 campamentos
militaresde las 256 posiciones militares existentes en Chiapas. El gobierno
cumplió desmontando los siete campamentos, liheró la mayoría de los presos
pero aún quedan 9 pendientes de liberrase y están incumplidos los Acuerdos
de San Andrésa pesar de que el gobierno mexicano presentó al legislativo
el texto de la Ley COCOPA. El EZLN y el CNI convocaron a una Marcha por
la Dignidad Indígena que recorrió 10 estados, acabando en el D.F., con la
intervención , ante el Congreso de la Unión, de los delegados del EZLN y
del CNI. A pesar de esta movilización, y tras su pase por el Senado, la
Cámara de Diputados y los Congresos Locales, el Gobierno aprobó la publicación
de la Ley Indígena. El EZLN y el CNI la rechazaron de plano. La aprobación
de esta Ley incumple las 3 señales y rompe el camino del diálogo para la
solución pacífica del conflicto. El conflicto está en un impasse y nos parece
oportuna una nueva visita que, sobre el terreno y, a través de la relación
directa con los actores del mismo, pueda ver cual es la situación real actual
con respecto a las consideraciones y recomendaciones que se hicieron en
los anteriores informes (desplazados, presos, paramilitarización, etc.).
y las nuevas situaciones y planificaciones que se han podido dar y que puedan
afectar a una solución justa al conflicto (Plan Puebla-Panamá, nueva situación
política, etc.). Por todo lo anterior solicitamos a la sociedad civil mexicana
así como al gobierno federal, a las comunidades indígenas y al EZLN que
nos otorgue la misma confianza que nos dieron en fenero de 1998 y en noviembre
de 1999, a que nos reciban y nos den su palabra, a que nos permitan realizar
libre y responsablemente nuestro trabajo y a todas las organizaciones que
nos avalaron entonces a que lo hagan de nuevo para observar, reflexionar,
diagnosticar y hacer nuestras observaciones. Por todo ello, los abajo firmantes
apoyamos este manifiesto que será presentado a los medios de comunicación,
al gobierno mexicano y a las instancias internacionales así como a la sociedad
civil el día 12 de enero de 2002. La CCIODH viajará a México desde el 16
de febrero hasta el 2 de marzo para repetir las entrevistas con los actores
del conflicto y entregar el informe a las instancias, instituciones y organizaciones
como ocurrió en las dos visitas anteriores. |
